Desde el sector eólico, compartimos firmemente el compromiso con la protección de la biodiversidad. Nuestras instalaciones cumplen rigurosamente con las evaluaciones de impacto ambiental, que incluyen análisis exhaustivos sobre avifauna, y siempre hemos colaborado activamente para mejorar la necesaria compatibilidad entre energía y conservación. Por eso, no entendemos la justificación del proyecto de Real Decreto sobre avifauna que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.
A día de hoy, no existe una situación que justifique una normativa tan restrictiva. Las principales especies protegidas muestran una evolución favorable según los estudios de referencia como el Libro Rojo de las Aves. Sin embargo, la propuesta legislativa plantea una serie de medidas que penalizan de forma injustificada tanto a los parques existentes como a los futuros.
Entre las obligaciones contempladas se encuentra la parada automática de los aerogeneradores ante el paso de cualquier ave, esté protegida o no incluida en el LESRPE (303 especies). Esta medida ignora los estudios de impacto previamente realizados —y aprobados por las autoridades competentes— y genera una enorme incertidumbre técnica y financiera: si no se puede prever cuántas horas funcionará un parque, es imposible garantizar su viabilidad económica, tanto de los existentes como de los futuros, por lo que se pone en peligro las inversiones en nuevos proyectos y el cumplimiento de los objetivos Españoles de renovables y cambio climático para 2030.
Aún más grave es el planteamiento de que si en cinco años se registran más de tres colisiones anuales, podría ordenarse el desmantelamiento del parque eólico. Aplicar esta regla, sin tener en cuenta factores como la localización, la especie o las condiciones específicas del entorno, puede suponer la paralización de proyectos estratégicos y sostenibles.
Este enfoque tiene consecuencias alarmantes: se estima un coste superior a los 22 millones de euros por accidente con un ave, siendo un 70% de este coste soportado por la sociedad en forma de electricidad renovable no generada sustituida con combustibles fósiles importados más caros, impuestos locales, autonómicos y nacionales no devengados, alquileres de terrenos no pagados, emisiones de CO2 y contaminantes no evitadas, etc. Hablamos de sanciones desproporcionadas, más severas que las aplicadas a otros sectores con mayor impacto sobre la avifauna como puede ser la caza ilegal.
La eólica representa hoy cerca del 25% de la generación eléctrica en España, y lo hace ocupando solo el 0,017% del territorio con sus infraestructuras. En comparación, otras infraestructuras como las carreteras ocupan el 0,4% de la superficie española, por la que se mueven 33 millones de vehículos (según la DGT) que generan una mucho mayor amenaza para las aves. También se puede mencionar que por otra parte las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS) ocupan el 7% de la superficie (500 veces más que la superficie ocupada por los aerogeneradores). Sin embargo, es a la eólica a la que se pretende imponer una norma mal definida, que pone en jaque tanto el presente como el futuro de una fuente de energía limpia, económica y necesaria.
Desde el sector reclamamos una solución equilibrada. Por supuesto que hay que proteger a las aves, pero para ello es fundamental conocer qué especies están verdaderamente en riesgo, en qué zonas, y con qué medidas eficaces y proporcionadas puede actuarse. Lo contrario no solo es ineficaz: es injusto.
España no puede permitirse dar pasos atrás en su compromiso climático y energético. Necesitamos marcos regulatorios coherentes, con seguridad jurídica, y que respondan a los intereses ambientales, pero también energéticos y sociales del país. Proponemos por ello la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes todos los actores con intereses legítimos: la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de las energías renovables. Es una decisión de país.
- Fotografía: Aire venidero sí que mueve molino. Autor: Rafael Palacios.
