Un joven español se encuentra ante el clásico dilema de comprarse un apartamento nuevo a plazos o alquilar uno usado. El experto de la inmobiliaria le dice que es mejor alquilar, porque es algo más barato. La oferta del piso nuevo es un poco más cara, aunque le hayan concedido un préstamo a interés fijo decreciente en el tiempo. Mientras se lo piensa, llega su amigo alemán y le dice que de alquilar nada, que los precios luego suben y siempre se está a expensas de lo que decida el propietario (y corren rumores de que los alquileres van a subir mucho a medio plazo), mientras el préstamo para el piso se devuelve en 7 años y listo. ¿Qué hacer?
Salvando las distancias y el hecho de que en España el sector inmobiliario se ha convertido en un tema controvertido, el Gobierno se encuentra en una coyuntura similar respecto a la eólica. En este momento, podría ser tentador optar por la opción “alquilar” – funcionar con la potencia instalada existente en el sistema eléctrico-, puesto que si no se construyen más parques eólicos no se incrementa el coste de la tarifa de acceso (la parte fija de la factura eléctrica). Pero se corre el riesgo de que los costes de generación suban debido al encarecimiento de los combustibles fósiles. Y el problema es que agravar más el déficit de balanza comercial con el exterior incrementa la necesidad de financiación de la economía española.
Sin embargo, si se optara por la opción “comprar” –prolongar el sistema de incentivos a la eólica para garantizar la construcción de nuevos parques-, se estaría pagando una cantidad algo más alta durante unos pocos años, pero al final de esta década ya no serían necesarias las primas: la mejora de la tecnología eólica y el encarecimiento de los combustibles fósiles supondrá que el mercado eléctrico marcará precios muy superiores al coste de la eólica.
En el fondo, se trata de decidir a dónde va el dinero de los consumidores de electricidad, si a los productores de hidrocarburos extranjeros o a la economía española.
La opción “comprar”/incentivar a la eólica tiene además beneficios adicionales: cumplir con los objetivos de renovables y de reducción de emisiones de CO2 de la UE para 2020, mantener la actividad del sector industrial eólico (su empleo y sus exportaciones), generar ingresos adicionales para ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central por licencias e impuestos, reducir el déficit de la balanza de pagos con el exterior… Y además contribuiría a reducir las presiones alcistas del mercado eléctrico, por lo que ayudaría a mejorar la competitividad de las empresas españolas frente a las de otros países.
Alemania ha optado por la opción “comprar”: ha aprobado un plan para alcanzar el 100% de consumo procedente de energías renovables en 2050. Italia, un país que lleva más de una década apostando por la opción “alquilar” (llevada al extremo de que importa no sólo los combustibles de generación, sino también más del 10% de su electricidad), cuenta con el mercado eléctrico más caro de Europa: el año pasado estaba alrededor de los 75€/MWh frente a los 49€/MWh del mercado español.
A corto plazo, en España habrá que encontrar un justo equilibrio para incrementar la independencia del sector eléctrico sin encarecer la factura de los consumidores. A medio y largo plazo, está claro que la búsqueda de soluciones al encarecimiento de los mercados energéticos internacionales se convertirá en una prioridad absoluta.
Por Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)
