La Junta de Extremadura no quiere renunciar a la instalación de nueva potencia eólica en la región, por lo que ha propuesto la derogación del decreto de 2010 por el que se imponían una serie de exigencias económicas a la construcción de parques. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora positivamente esta decisión ya que, tras la Reforma Energética en tramitación, va a ser muy complicado que se instale nueva potencia eólica en España, y las comunidades autónomas que impongan más trabas económicas al sector lo tendrán aún más difícil.
El decreto extremeño 160/2010, de 16 de julio, obliga a los promotores a optar entre crear tres empleos por megavatio o entregar al menos el 8% de la facturación a los ayuntamientos que acojan los parques. Según el nuevo proyecto de decreto de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Energía (que se puede consultar aquí), esto constituye “un marcado lastre para el desarrollo de este tipo de instalaciones, pues obliga a los inversores con objetivos en nuestra Comunidad Autónoma a realizar un esfuerzo económico mayor al de otras regiones y, teniendo en cuenta la nueva política de la Administración General del Estado y de la Unión Europea, genera la inviabilidad económica de los proyectos”.
La Junta de Extremadura, cuya apuesta por las energías limpias le ha llevado incluso a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2013, a pesar de estar gobernada por el PP, no es ni mucho menos la única comunidad que en su día apostó por imponer duras condiciones económicas a los nuevos parques. A los impuestos locales (los ICIOs, los BICEs, las tasas por ocupación del suelo, el mantenimiento de caminos, la ocupación de vías…), y los autonómicos, como los cánones urbanísticos, se sumaron a partir de 2009 los cánones eólicos, que en comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León gravan los impactos medioambientales de la eólica, una tecnología nacida precisamente para preservar el medio ambiente. El resultado es que la eólica es la tecnología generadora de electricidad que más impuestos soporta en España, con una carga fiscal que supera el 21% de sus ingresos. Sin olvidar otras exigencias impuestas a través de las condiciones económicas de los diferentes concursos eólicos.
La Reforma Energética no ha tenido en cuenta estas exigencias y contraprestaciones a la hora de fijar los parámetros que marcarán la retribución del sector en el futuro, cuando son costes administrativos que no estaban previstos al dictarse las leyes para la eólica, y distorsionan la retribución que perciben las empresas y la situación competitiva del sector, además de suponer una penalización y una pérdida de confianza para los inversores.
Por todo ello, el sector eólico pide al Gobierno que ponga orden en este caos, armonizando fiscalmente todo el territorio español y dejando sin efecto los impuestos autonómicos que gravan las instalaciones del antiguo Régimen Especial, ya sea a través de la Reforma Energética en curso o de la reforma fiscal que se plantea el Ministerio de Hacienda.
En cualquier caso, las normas contenidas en la Reforma Energética son retroactivas, lo que ha generado un elevado grado de inseguridad jurídica en España que alejará sine die a los inversores. En este contexto, las comunidades autónomas deben entender que la nueva regulación va a obligarles a competir por las nuevas inversiones no ya entre sí, si no con todos aquellos países del mundo que cuentan con una normativa más favorable a la eólica. Las trabas económicas les restan atractivo ya que, aunque logren más recaudación fiscal en el corto plazo, alejan la posibilidad de atraer riqueza y empleo en el futuro. Así lo ha entendido la Junta de Extremadura.
